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La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha explicado hoy en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados los pasos dados en la tramitación del anteproyecto de ley que revertirá los recortes educativos introducidos mediante el Real Decreto Ley 14/2012 por el Gobierno del PP.

Las tres medidas que el anteproyecto va a suprimir son: la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula; el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas, en infantil y primaria, y de 20, en secundaria), y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.

“Nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la mejora de la calidad del sistema educativo”, ha justificado la ministra. “La supresión de esta medida y la consiguiente recuperación de las ratios en los términos que establece la ley no tiene impacto en el gasto público”, ha recordado.

En cuanto a la eliminación del incremento de la jornada lectiva de los docentes, Celaá ha recalcado que no es una medida obligatoria. “Cada Administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno”, ha indicado. De esta manera, se devuelve a las comunidades la capacidad de determinar la carga lectiva de sus docentes.

La ministra ha resaltado que, en 2012, no se restó financiación a las comunidades al autorizar estos recortes. “Supuso, eso sí, un margen de ahorro de gasto para las propias comunidades que permitió paliar una parte del descenso que padecieron en su capacidad de endeudamiento”, ha recordado la titular de Educación.

“Si para algunas comunidades supone un esfuerzo que no pueden asumir o no quieren hacerlo porque deciden destinar fondos para otros fines, esta norma les permite tomar sus propias decisiones, pues no impone, sino que facilita e incrementa su autogobierno”, ha asegurado Celaá. En cualquier caso, el Gobierno mantendrá abierto un cauce de diálogo permanente con las comunidades autónomas y las fuerzas parlamentarias en torno a esta cuestión.

Lo mismo ocurre con la tercera medida que contempla revertir el anteproyecto, la que recorta el periodo de sustitución transitoria de los docentes. “La medida ha resultado especialmente gravosa y rígida para la organización de la actividad ordinaria de los centros educativos”, ha asegurado Celaá.

Debate en los órganos consultivos

El borrador de este anteproyecto fue presentado a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 30 de julio. “Una amplia mayoría de las comunidades autónomas, con gobiernos de distinto signo, manifestaron su conformidad con la propuesta, quedándose solas las gobernadas por el Partido Popular”, ha recordado Celaá.

El texto también fue presentado a las organizaciones sindicales de la enseñanza, el 26 de julio, y está pendiente de ser analizado por el Consejo Escolar del Estado, que emitirá su informe preceptivo.

“Se realizarán todos los informes y trámites de audiencia pública necesarios en la tramitación de una norma con rango de ley, antes de su aprobación por el Consejo de Ministros para su remisión y discusión por el Congreso”, ha informado la ministra.

Estas medidas entrarán en vigor para el curso 2019/2020, según ha anunciado la titular de Educación, salvo en el caso de la relativa a las sustituciones, que entrará en vigor con la vigencia de la ley.

“Un acuerdo educativo”

En cuanto a la reforma de la ley de educación que está desarrollando el actual equipo ministerial y que modificará varios artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la ministra ha hecho hincapié en el artículo 109.2 de esta norma, referido al requisito de “demanda social” para la enseñanza concertada.

“Vuelvo a reiterar el mensaje de total y absoluta tranquilidad a las familias que optan por llevar a sus hijos e hijas a la escuela concertada”, ha recalcado Celaá. “Los motivos por los que este ministerio pretende modificar el artículo 109 de la LOMCE no son otros que los de cumplir con la obligación del poder público de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas y volver al consenso alcanzado en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985 (LODE)”, ha añadido.

En palabras de la titular de Educación “la educación pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo”. De esta forma, el poder público debe garantizar el derecho a la educación en todos los casos, “también en aquellas zonas de nuestro país a las que la escuela concertada no llega y no tiene obligación de llegar”, ha señalado Celaá.

La ministra ha reiterado que su intención es iniciar un “un proceso de diálogo sincero, constructivo y eficaz con todas las fuerzas políticas” sobre esta reforma. “Trabajaremos con amplitud de miras para lograr un acuerdo educativo que garantice la estabilidad de nuestro sistema y dé respuesta no a una demanda, sino a una exigencia de nuestra sociedad”, ha enfatizado.

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