La sucesión de Manuel Borja-Villel al frente del Museo Reina Sofía se ha convertido en una batalla cultural y mediática con muchos intereses enfrentados -y no solo políticos- que ha culminado hoy con una grave acusación por parte del diario ABC contra el director del museo, al que achaca haber actuado durante su mandato «en fraude de ley», lo que implicaría, además, tildar de prevaricadores a varios ministros de Cultura. Si fuera verdad es delito tipificado en el artículo 6.4 del Código Civil y, si fuera mentira, calumnia, según el art. 205 del Código Penal. Entre medias un espacio infinito que se agranda en año electoral.

Manuel Borja-Villel ha prorrogado dos veces su mandato al frente del museo con el visto bueno del Patronato del Reina Sofía y de los correspondientes ministros de Cultura del PP y del PSOE con los que ha convivido durante 15 años. Por su parte, la Intervención General del Estado no ha puesto objeciones en el control de cuentas al Museo, ni ningún grupo político o colectivo social ha alegado que los sucesivos nombramientos de Borja-Villel como director de la pinacoteca lo hayan sido en fraude de ley o por desviación de poder.

Durante esta etapa el Museo Reina Sofía ha sufrido una revolucionaria puesta en escena con un nuevo discurso expositivo en el que prima un concepto social frente al cronológico, al tiempo que multiplicaba sus actividades, sus sedes -con la incorporación de los Palacios de Cristal y de Velázquez en el Retiro Madrileño y, próximamente, la antigua sede del Banco de España en Santander- y el número de visitantes, que el último año superaron los tres millones. Eso sin contar los ciclos expositivos temporales abiertos sobre todo al arte de Latinoamérica y la compra de obra en ARCO a galerías españolas por más de siete millones de euros.

Manuel Borja-Villel ha prorrogado dos veces su mandato al frente del museo con el visto bueno del Patronato del Reina Sofía y de los correspondientes ministros de Cultura del PP y del PSOE con los ha convivido durante estos años.

A lo largo de los último días se han venido publicando artículos a favor o en contra de la gestión de Manuel Borja-Villel al frente del Museo Reina Sofía que parecen responder más a un adelanto de la batalla cultural que precede a la contienda electoral.

A este respecto, el Museo Reina Sofía ha hecho pública a media tarde este domingo la siguiente nota:

En relación a la información publicada hoy domingo 15 de enero, en el diario ABC, afirmando de manera literal que el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel se encuentra “en fraude de ley”, al incumplir las prórrogas de su contrato la  Ley 34/2011, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, esta institución desmiente categóricamente tal extremo y quiere detallar una serie de argumentos legales, sencillos y ampliamente documentados, que vienen a demostrar la inexactitud de las afirmaciones que vierte el diario.

El contrato de Manuel Borja-Villel, previo a la Ley reguladora del Museo, es decir, suscrito bajo un régimen jurídico anterior a la propia Ley, incluye una cláusula que contempla posibilidad de prórroga si las dos partes, el empleador (en este caso el Ministerio) y el director la suscriben. En tal caso, con el acuerdo de las dos partes, no es necesario recurrir a ningún otro instrumento: El contrato es ley entre partes.

Pero incidiendo aún más, y tal y como se recoge en el Estatuto de los Trabajadores (norma de rango superior a la Ley del Museo), “Continuarán siendo de aplicación a los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de esta ley las normas específicas aplicables a cada una de las modalidades contractuales que estuvieran vigentes en el momento en que dichos contratos se concertaron, salvo que otra cosa se hubiera establecido legalmente”.

Dado que dicho contrato incluía la posibilidad de dos prórrogas, cuando éstas se efectuaron, vinieron avaladas por sendos ministros, en ambos casos previo informe favorable de la Abogacía del Estado, tal y como consta en la documentación. A este respecto, debe incidirse en que las renovaciones del contrato han contado con una cobertura legal absoluta y plena, por lo que en ningún caso se puede hablar de fraude de ley; las actuaciones del Ministerio han venido siempre respaldadas, como no puede ser de otra manera, por los preceptivos informes de la Abogacía del Estado.

De acuerdo con los mencionados informes, en el caso de la primera renovación del contrato de alta dirección del director del Museo Reina Sofía, continuaba vigente el anterior Estatuto del Museo, por lo que nada se oponía a la prórroga. En el caso de la segunda prórroga, ya había entrado en vigor el Estatuto de 2013, y la Abogacía del Estado consideró posible la segunda renovación del contrato de alta dirección del director del Museo.  Por ello, el contrato de alta dirección del actual director del Museo que finaliza el 19 de enero próximo, sin posibilidad de nueva prórroga, y el proceso de selección del nuevo director o directora se atendrá, como no puede ser de otro modo, a las previsiones de la Ley 34/2011 y del Estatuto de 2013:  “El Director del Museo es nombrado y separado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte” -actualmente Ministerio de Cultura y Deporte- A tales efectos, se acudirá a un sistema de preselección que garantice la publicidad y concurrencia, que asegure la participación del Real Patronato, con el asesoramiento de un comité de expertos y profesionales del mundo de la cultura y de su gestión. Su designación atenderá a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad”.

Finalmente, el Museo quiere mostrar su más absoluta repulsa por algunas de las afirmaciones publicadas en el diario, que ni son ciertas ni han sido contrastadas debidamente, y que lo que hacen es desprestigiar y poner en entredicho a una institución pública, uno de cuyos principales objetivos es actuar con el máximo rigor y, por supuesto, siempre dentro de la legalidad.

Instamos a los responsables de la información a la que nos referimos, que rectifiquen la misma en el sentido de recoger y hacer púbicos todos los extremos que desde el Museo se están facilitando, de manera que quede meridianamente claro que no se ha producido fraude de ley.

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