Han acudido representantes de las gestoras de derechos de los autores, artistas y productores de música y cine

• El Ministerio de Cultura ha propuesto iniciar un estudio de evaluación de la eficacia del sistema de gestión colectiva para reforzar el mismo y mejorar la percepción que de las entidades de gestión tiene la sociedad.

• Las entidades han aplaudido esta iniciativa y han acordado con el Ministerio la publicación en la pagina web de sus auditorias, memorias de gestión y criterios de distribución de las cantidades recaudadas por copia privada para mostrar la máxima transparencia en su gestión.

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, se ha reunido en la sede del Ministerio con los representantes de las entidades que se encargan de gestionar los derechos de propiedad intelectual. Al encuentro han acudido las entidades SGAE, CEDRO, DAMA Y VEGAP (autores); AIE y AISGE (artistas); AGEDI y EGEDA (productores de música y cine). En la reunión, el ministro ha presentado los planes del Ministerio para contribuir a mejorar la imagen pública de las sociedades de gestión. La primera de las actuaciones previstas, de largo alcance, es la realización por primera vez de un análisis y evaluación del sistema de gestión de derechos de propiedad intelectual, a cargo de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, un organismo dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas.

El modelo actual de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual se implantó mediante la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, en la que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual se configuran como el instrumento clave para la eficaz protección de los derechos de los autores y de los demás titulares de derechos de propiedad intelectual. Esta cualificación de las entidades, se plasma, entre otras cosas, en el establecimiento de un régimen jurídico específico que incluye unas relaciones especiales con el Ministerio de Cultura, a quien corresponde autorizar estas entidades, revocar esa autorización, aprobar sus modificaciones estatutarias y mantener una relación de actividades de control, inspección y vigilancia

El Tribunal Constitucional, en su sentencia del 13 de noviembre de 1997, dictaminó que las actividades de control, inspección y vigilancia correspondían a las comunidades autónomas. No obstante, el Ministerio de Cultura ha seguido recibiendo y solicitando los estados financieros y memorias de actividades de las entidades (hasta tanto las Comunidades Autónomas asumieran esta competencia de control). Los mas de diez años transcurridos desde esta sentencia han llevado al Ministerio de Cultura y a las entidades de gestión a consensuar una evaluación en su conjunto sobre la eficacia del sistema.

Evaluación del sistema actual

La Administración General del Estado cuenta con una organización que puede resultar idónea para la realización de esta tarea: la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, un organismo público dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas. La Agencia, bajo los principios de independencia, transparencia, cooperación y responsabilidad pública tiene, entre otras, la misión de analizar el impacto de las políticas públicas e impulsar la gestión de la calidad de los servicios. Su actuación tendrá como fin cooperar tanto con el Ministerio de Cultura como con el sector implicado, en este caso las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Previa petición del Ministerio de Cultura, el primer documento a elaborar por la Agencia sería un informe de preevaluación donde se establecería el esquema del trabajo y el área o áreas específicas del sistema a estudiar a fin de evaluar su eficacia. Esta evaluación requiere un análisis global del sistema de gestión colectiva en su conjunto y, más en concreto, de los procedimientos de gestión de cada entidad, examinando las normas de reparto, los principios que rigen la asignación de derechos a cada obra o prestación y la efectividad con la que los titulares de derechos representados por cada entidad acceden a las cantidades que les corresponden. Las propias entidades de gestión se han comprometido a indicar aquellas áreas que también desean que sean analizadas.

Este informe de preevaluación sería presentado, para su análisis y posibles sugerencias, en la Conferencia Sectorial de Cultura a los Consejeros de Cultura de las comunidades autónomas, aproximadamente al acabar el primer semestre de 2008. A continuación, se iniciaría la evaluación propiamente dicha, cuyo resultado sería público.

Máxima transparencia en la gestión

El ministro de Cultura y los presidentes de las entidades quieren trasladar la máxima transparencia a la opinión pública en la gestión de la propiedad intelectual. Las entidades de gestión ya cuentan con controles en su actividad: primero, porque el Ministerio de Cultura autoriza y puede revocar su funcionamiento; segundo, porque las Entidades realizan, a través de las correspondientes comisiones de control, la tarea de vigilancia de sus obligaciones; en tercer lugar, están las auditorias independientes llevadas a cabo por mandato de sus Juntas Generales, de acuerdo con lo previsto en la Ley; en cuarto lugar, la actuación fiscalizadora de su actuación por parte de los órganos de defensa de la competencia y, en quinto lugar, las auditadas por las entidades de gestión extranjera.

El Ministerio ha acordado con las entidades colgar en sus respectivas paginas web la siguiente información:

– Memoria anual de actividades.

– Balance y cuentas anuales.

– Auditorias internas encargadas por las propias entidades.

– Criterios detallados de distribución, entre sus miembros, de las cantidades recaudadas por cada entidad de gestión.

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